La responsabilidad es pública
La crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid19 ha generado también una aguda crisis económica que afecta a millones de hogares en toda España. Un gran número de personas han perdido sus trabajos y, agotados los pocos ahorros que tenían, no cuentan con ningún ingreso que les permita sobrellevar el día a día. Muchas familias se han quedado completamente solas, aisladas en sus casas y sin posibilidad de apoyarse en familiares o vecinxs para que les ayuden a cubrir sus necesidades básicas. Así, estamos presenciando situaciones de precariedad que no podíamos imaginar hace tan solo un par de meses, ya que mucha gente en nuestro país está literalmente pasando hambre.
Ante esta realidad, la ciudadanía ha respondido rápidamente. Desde el tercer sector se han buscado nuevas formas de coordinación que permitan atender a personas y familias que se han quedado sin recursos, e incluso organizaciones que en situaciones de normalidad no se dedican a la cobertura de necesidades básicas han tenido que adaptar sus actuaciones a esta difícil coyuntura. Desde plataformas ciudadanas se han puesto en marcha iniciativas de ayuda mutua para apoyar a personas en mayor situación de riesgo, evitando así que tengan que salir de casa y se expongan al contagio; colectivos especialmente afectados han creado cajas de resistencia para socorrer a quienes no tienen nada y un gran número de empresas que han tenido que paralizar su trabajo habitual se han reinventado para echar una mano en la lucha contra la pandemia, confeccionando material sanitario y de protección.
No obstante, la administración pública -que es responsable de velar por el bienestar de todas las personas que residen en el territorio- no está asumiendo el importante rol que le corresponde. En el caso del Ayuntamiento de Granada, existen grandes trabas para que las personas puedan acceder a los Servicios Sociales Comunitarios y no se han puesto a disposición recursos suficientes para cubrir las necesidades que han aparecido.
Puesto que no puede ni debe recaer en la ciudadanía el peso de aliviar las consecuencias de la pobreza en que se encuentra una parte importante de la población, exigimos que el Ayuntamiento de Granada implemente de manera urgente las siguientes medidas:
• Apertura al público de los centros Servicios Sociales Comunitarios para garantizar el acceso a los mismos, implementando todas las medidas de precaución pertinentes para proteger tanto a lxs trabajadorxs como a la ciudadanía ante el peligro de contagio.
• Habilitación de varias líneas telefónicas gratuitas en cada centro de Servicios Sociales así como correos electrónicos de atención mientras dure el estado de alarma, para superar las grandes dificultades que encuentran las personas que carecen de recursos para ser atendidas.
• Dotación de recursos económicos para que lxs trabajadorxs sociales de los Servicios Sociales Comunitarias cuenten con herramientas eficaces para poder atender dignamente a las personas en situación de emergencia social, con ayudas suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
• Puesta en marcha, desde los Servicios Sociales Comunitarios de mecanismos de coordinación con todas las entidades y plataformas que están interviniendo en el apoyo a la ciudadanía, para optimizar recursos y facilitar el acceso de todas las personas a los mismos.
• Uso adecuado de los recursos económicos que el Ayuntamiento de Granada tiene a su disposición, para centrar todos los esfuerzos en el refuerzo de la atención a la población con dificultades económicas y paliar las angustiantes situaciones de pobreza que se están recrudeciendo día a día.
• Búsqueda de medidas habitacionales alternativas y adaptadas a la obligatoriedad de un confinamiento prolongado para las personas en situación de calle que se encuentran actualmente albergadas en el Palacio Municipal de Deportes.
Si bien valoramos y apoyamos todos los esfuerzos que se están realizando desde la ciudadanía (lo cuales, además, nos dan motivos para ilusionarnos y creer en la capacidad colectiva de cambiar el mundo), todas las personas y organizaciones firmantes queremos recordar que, a la hora de asegurar que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas la responsabilidad es de las administraciones públicas.
